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Escrito por Equipo de Comunicaciones

 

 

Las campañas de la clase dominante, orquestadas desde las fuerzas militares y amplificadas a través de sus medios de comunicación, insisten en vincular al Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el narcotráfico. No es nuevo, pero sí es más intenso ahora que la organización está en una Mesa de Diálogos apostándole a una salida política al conflicto armado.

 

Por eso le hemos preguntado a Silvana Guerrero por la relación del ELN con el fenómeno del tráfico ilegal de drogas. “Nuestra organización no tiene ninguna relación con el narcotráfico. Nuestra política, desde el inicio de la organización, dentro de los estatutos y de su juridicidad, niegan cualquier vínculo con el narcotráfico. En eso nuestra política y la militancia es clara”, explica con rotundidad Silvana.

 

Es más, esta delegada en el equipo de diálogos del ELN relata como, a diferencia del Estado, “la organización ha desarrollado junto a muchas comunidades en diferentes regiones del país, programas y proyectos de sustitución de los cultivos de la coca para usos ilícitos”. Para ella, es un ejemplo el “caso puntual del departamento de Arauca, donde se logró de forma voluntaria y autónoma de las comunidades sustituir el cultivo de coca por el pancoger… que ahora ha aumentado de forma notable y ha reducido los efectos perversos del monocultivo ilícito”.

 

La respuesta de Silvana Guerrero va en línea con lo expresado por el comandante Nicolás Rodríguez Bautista en la carta que le envió a Juan Manuel Santos, aún presidente de la República, el primero de mayo pasado en la que le explicaba que la organización “nada tiene que ver con el negocio del narcotráfico y que está prohibido para todos los integrantes y estructuras del ELN tener cultivos de uso ilícito, laboratorios, rutas y transportes o cuidar infraestructura comprometida con dichas actividades”. “Todas estas prácticas”, le explicaba el miembro del COCE a Santos, “están penalizadas en la normatividad del ELN, todos sus integrantes las deben respetar y se aplican sanciones a quienes las violenten. Lo único que está autorizado es el cobro de un impuesto, como a toda actividad económica”.

 

En lo que sí incide Guerrero es en el fracaso de las políticas contra el narcotráfico del Estado. “El Gobierno de Colombia, en su política en contra del narcotráfico, es un fracaso. Es mucha inversión la que se ha hecho en cabeza de EEUU pero, de hecho, hay un aumento de estos cultivos ilícitos en los últimos años”.

 

En el semanario Insurrección (Nº 633) se explicaba: “Entre 1995 y el año 2009, esa supuesta guerra contra el narcotráfico costó, según datos incompletos del Gobierno, 8.140 millones de dólares, carca de 600 millones de dólares al año. Ese dinero se echó a los bolsillos de militares, contratistas y corruptos varios porque si en el año 1995 no se llegaba a 65 mil hectáreas sembradas de coca para cultivo ilícito, en 2017, según las agencias gringas, hay 188 mil hectáreas cultivadas. Más que en ningún año en las últimas décadas. Quien falla es el Estado y sus alianzas con los Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del planeta, pero es más fácil mentir que fiscalizar; es más efectivo culpabilizar a organizaciones que cuestionan al establecimiento, que revisar quién está interesado en que el negocio de las drogas ilegales siga creciendo; es más rentable en las urnas enlodar al ELN que asumir que Colombia es el mayor productor mundial de cocaína”.

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